En defensa del sistema público de pensiones

Mariano Campos Aguilera | Secretario general UGT Granada (2002-2009)

Tras la aprobación, el pasado viernes por el Consejo de Ministros, de sus propuestas de reforma del Sistema Público de Pensiones (SPP) y sobre todo, en lo referido al gradual aumento de la edad de jubilación (que pasaría de 65 a 67 años, entre 2013 y 2024) todo el mundo se ha puesto a opinar de forma precipitada y desde el punto de vista de su propio yo y sus circunstancias. Y así, lógicamente, tomados de uno en uno, nadie o casi nadie parece estar de acuerdo.

Pero este no es un tema superficial, ni fácil, ni de carácter individual. Es por el contrario un tema profundo, el documento propuesta del Gobierno contiene 46 folios. Es complejo, pues intervienen en él al menos tres variables complicadas: situación económica futura (del Estado y de la Seguridad Social), situación medioambiental, social y sanitaria (determinantes en el incremento continuo de la esperanza de vida de los españoles) y demografía (es un hecho indubitado, la inversión de las pirámides demográficas en España, y eso significa que menos trabajadores en activo tendrán que soportar las pensiones de más jubilados) Y las cifras producen vértigo y temor: en 2040 seremos más de 15 millones de pensionistas, cuando hoy sólo somos 8,5 millones.

El centro nuclear del asunto es la pervivencia del SPP. El patrimonio básico de un trabajador jubilado es su pensión. Por eso, el interés primordial de los trabajadores y de las organizaciones que defienden sus derechos debería ser preservar la misma. Nadie más interesado que los propios trabajadores en que el SPP sea sólido y seguro, no sólo para su pensión concreta, sino también para las generaciones futuras.

Nuestro sistema de pensiones es relativamente joven, aún no tiene una trayectoria de sesenta años, y si hablásemos de su actual configuración, no tiene más de treinta y en esa brevísima trayectoria ya ha tenido distintas etapas de dificultad. Si no se hubiese modificado en 1985 y siguiesen vigentes por tanto, sus dos principales características de entonces -sólo cinco años de cotización para obtener el derecho a pensión (hoy serían varios millones más de pensionistas) y el cálculo de la base reguladora sólo sobre los dos últimos años cotizados (la media de las pensiones sería bastante más alta)- la consecuencia sería que en 2010 el SPP estaría ya quebrado y por tanto desaparecido.

Tras la crisis económica de principios de los 90, se abordó de forma rigurosa y a largo plazo un estudio a fondo de la cuestión. Desde el Ministerio de Trabajo (siendo ministro José Antonio Griñan, 1995) se realizó el conocido Libro Blanco (que por cierto era verde) sobre el futuro del SPP y fue el soporte técnico sobre el que pivotó el acuerdo de sacar del debate político los temas de Seguridad Social. Y la creación de una subcomisión parlamentaria, que conocemos como el Pacto de Toledo, que permanentemente abordara, estudiara y propusiera al Parlamento las modificaciones que creyesen necesarias, con un objetivo prioritario: preservar la supervivencia futura del SPP. Cada seis años han entrado en vigor las propuestas de esta subcomisión, que el Parlamento ha ido aprobando, y así ha sucedido, en 1995, 2001, 2007 (la actualmente vigente) y así será en 2013. Luego, hay tiempo para hablar, enmendar, corregir, consensuar y acordar puntos de equilibrio sobre la jubilación a los 67 años (incluso suavizando su puesta en vigor), del tema de viudedad, de elevar la edad mínima de las prejubilaciones, de introducir flexibilidad (según que profesiones), de buscar aumento de la financiación y de buscar fuentes de financiación adicionales, de aumentar la persecución del fraude y del trabajo en negro y sin cotizar, etc., etcétera.

Personalmente mi opinión, favorable a la reforma (entendiendo por ello hablar y acordar sobre la misma) se sustenta en una opinión desde la izquierda, y que tiene como eje lo que para nosotros es más importante, la pervivencia del SPP, y no como sostenía en caliente un generalmente equilibrado líder de izquierdas, diciendo que esto era hacer el trabajo sucio a la derecha.

Pues no, a la derecha, el SPP le importa muy poco. Resulta curioso que apoyen una reforma laboral que incluya una fuerte disminución de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y pretendan desmarcarse de estas propuestas de reforma en las pensiones. Magnífico festín sería para sus referencias naturales (la derecha económica) devorar por inviable a la Seguridad Social y gestionar un sistema de pensiones privado, que tantos años llevan persiguiendo, y de lo que obtendrían ingentes beneficios.

Aunque ningún trabajador en concreto nos vayamos a sentir muy felices de incrementar nuestra vida laboral, la clase obrera siempre ha demostrado su responsabilidad y su solidaridad, y más en este caso, que la ejerceríamos para con nuestros hijos. Y por eso, palabras gruesas, descalificaciones demagógicas o esconder la cabeza debajo del ala, son sólo inmovilismo, clientelismo y visión e interés a muy corto plazo, que niegan la evidencia de que en treinta años, (aún no se habrán jubilado nuestros hijos), seremos más de 15 millones de pensionistas, y por eso defiendo que es hora de hablar y acordar medidas que lo hagan sostenible en esas fechas y con dichas circunstancias.

Publicado en Granada Hoy. 4 febrero 2010